Fuente:

Como el propio gobierno reconoce, la construcción de esta hidroeléctrica sobre el río Xingú inundará 516 kilómetros cuadrados de selva amazónica lo que provocará el desplazamiento de unos 50 mil indígenas y campesinos que habitan la ribera del río Xingú
Mientras el gobierno anunció el envío de tropas a la zona donde se construye la represa de Belo Monte, en el estado de Pará, indígenas de la etnia awá solicitaron se cumpla con la sentencia judicial que ordena expulsar a los madereros de sus territorios.
Esta última información la dio a conocer la organización Survival International que en mayo de 2012 ya había dado fe de que en los territorios de los awá hay diez veces más invasores que indígenas de esa etnia, algo de lo que también están enteradas las autoridades brasileñas.
La citada orden judicial establecía que antes de que culmine el mes en curso los madereros tienen que abandonar el área que ocupan los awá, esto es en la selva tropical del estado de Maranhäo, al norte de Brasil.

Para los indígenas la demora en hacer ejecutar esta orden recae en el Ministro de Justicia. Es por ello que los Awá hicieron un “llamamiento excepcional” dirigido a José Eduardo Cardozo en el que expresan su enfado por permitir que los madereros sigan talando sus árboles, informó Survival.
Según la investigadora Fiona Watson de Survival International, sólo entre 60 y 100 awás continúan viviendo en aislamiento y otros 360 se reparten en cuatro comunidades en las que continúan viviendo como lo hacían antes de sedentarizarse.
Medida plantea anular protestas en contra de Belo Monte
A la indiferencia mostrada por el gobierno hacia los pueblos indígenas se suma la ejecución de una nueva medida que los perjudica.
Se trata de una disposición de la justicia que ordena el desplazamiento de tropas de la Policía Federal a la zona donde se construye la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el estado amazónico de Pará. El objetivo: evitar que las continuas protestas contra el proyecto impidan su realización.
Esta tarea la tendrá específicamente la Fuerza Nacional de Seguridad, un cuerpo especialmente entrenado para combatir situaciones de desorden público.
Como el propio gobierno reconoce, la construcción de esta hidroeléctrica sobre el río Xingú inundará 516 kilómetros cuadrados de selva amazónica lo que provocará el desplazamiento de unos 50 mil indígenas y campesinos que habitan la ribera del citado río.
Se debe sumar a esto que los “daños irreparables” que causará al ecosistema amazónico. La medida fue tomada por el gobierno luego que protestas realizadas la semana pasada por unos 150 personas paralizaron las obras por dos días.
Enlace:
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Indiferencia_para_los_Awa_y_respaldo_militar_para_hidroelectrica_Belo_

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó causas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por supuesta violación de estos derechos fundamentales en Honduras y Panamá, según se informó en un comunicado. El proceso de la Corte se debe al supuesto incumplimiento de los derechos de los indígenas. La razón iniciada contra Panamá responde, según la CIDH, al ‘incumplimiento’ por parte del Estado panameño de su ‘obligación’ de proveer a los pueblos indígenas Guna de Madugandí y Emberá de Bayano de ‘un procedimiento adecuado y efectivo para el acceso a su territorio’.

El comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA) también denuncia que no se haya obtenido una respuesta ‘frente a las constantes denuncias de injerencias por parte de terceros en los territorios y recursos naturales’ de estos indígenas.

El caso se envió a la CIDH, el 26 de febrero del 2013, porque la comisión consideró que el Estado panameño no cumplió con las recomendaciones contenidas en su informe de fondo sobre el caso, en el que instó a concluir el proceso de formalización, delimitación y demarcación física de los territorios de estos pueblos.
Enlace:
http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2013/04/05/cidh-procesara-a-panama.asp

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Un centenar de indígenas salvadoreños marcharon este jueves por las calles de la capital para exigir al Congreso la ratificación de una reforma constitucional que reconoce a los pueblos autóctonos y sus derechos, constató un periodista de la AFP. Portando en sus manos pequeños carteles con leyendas como “los pueblos indígenas existimos” o “somos indígenas, somos humanos, somos salvadoreños”, los marchantes culminaron la caminata en la sede del Congreso, donde entregaron una petición. “Queremos que se reconozca que somos indígenas y que existimos en este país, en esta tierra, y como el resto de salvadoreños tenemos derechos humanos que queremos se nos respeten, como el derecho a una vida digna, en armonía con un medio ambiente sano”, señaló a periodistas Amadeo Martínez, uno de los representantes indígenas.

La reforma fue aprobada el 25 de abril del año pasado, pero aún no ha sido ratificada.
Apostados a un costado de la sede legislativa, los indígenas efectuaron una breve ceremonia, donde prendieron una fogata para agradecer “a la madre tierra” por proveerles el sustento diario.
Cifras de Naciones Unidas indican que, de los 6,2 millones de salvadoreños, un 12% son indígenas. Entre éstos, un 61% sufre pobreza y el 39% padece extrema pobreza.
Enlace:
http://noticias.terra.com.ar/internacionales/indigenas-salvadorenos-marchan-al-congreso-para-pedir-reconocimiento-de-derechos,76f2dc4a3e5fd310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html

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Mapuches presos, campesinos secuestrados y asesinatos de integrantes del Pueblo Qom, todos hechos relacionados a conflictos territoriales y al modelo extractivo. Neuquén, Santiago del Estero, Chaco y Formosa fueron algunos de los lugares en los que la represión sobre pueblos indígenas y campesinos dijo presente durante los últimos meses. En todos los casos se debe a conflictos territoriales, por avance de la frontera petrolera y agropecuaria. “Es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes, para que no se repitan nunca más”, reclamó una carta abierta a la Presidenta publicada por académicos y organizaciones sociales en enero. El escrito, que lleva la firma de Osvaldo Bayer y Eduardo Galeano (entre otros), recuerda a las últimas víctimas de los pueblos originarios, apunta al modelo económico extractivo y alerta sobre una “escalada de violencia” contra campesinos e indígenas.

Avanzada petrolera
En las afueras de Zapala (Neuquén) opera la petrolera estadounidense Apache, en territorios de comunidades mapuche. Allí se desarrolló el primer pozo de hidrocarburos “no convencionales” de Argentina (yacimiento bautizado “anticlinal”). Territorio de la comunidad Gelay Ko, que denunció contaminación (derrames y posible afectación del acuífero que provee agua a la región) y presiones empresarias para avanzar con nuevas explotaciones.
La empresa Apache también explota el yacimiento Portezuelo Norte, también en cercanías de Zapala. El 15 de octubre la comunidad Winkul Newen (“Fuerza de los cerros”) denunció el derrame de petróleo en un ducto de la empresa Apache.
Dos meses después, el 28 de diciembre, y por orden de la jueza Ivonne San Martín (conocida por sus frecuentes fallos contra el Pueblo Mapuche), una auxiliar del Poder Judicial, policías y la empresa Apache llegaron hasta la comunidad Winkul Newen para que la compañía reactive diez pozos petroleros.
La comunidad resistió el ingreso de la petrolera y, producto del enfretamiento, fue herida en el rostro la oficial de justicia Verónica Pelayes.
“La comunidad resistió a una orden de desalojo dictada por la jueza Ivonne San Martín de Zapala, la cual imponía el ingreso de la empresa Apache a territorio comunitario. Este hecho impune terminó con dos autoridades mapuche detenidas, Martín Maliqueo, werken de la comunidad, y Mauricio Rain, lonko de la comunidad Wiñoy Folil. Repudiamos el accionar policial y judicial en complicidad de la empresa Apache, que sólo acusa y detiene al pueblo originario mapuche por defender sus derechos”, denunció el 29 de diciembre la comunidad Winkul Newen. Al día siguiente detuvieron a Relmú Ñamku, también integrante de la comunidad.
Una decena de organizaciones (entre ellas la Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos de Zapala, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el obispo emérito Marcelo Melani), lamentaron la violencia del 28 de diciembre de 2012: “Nos duele el rostro desfigurado de la señora Verónica Pelayes (la auxiliar de justicia herida con un piedrazo) y lo lamentamos profundamente, también nos duelen tantos rostros invisibilizados, anónimos, discriminados, olvidados que por siglos lucharon y luchan en la actualidad”, lamentaron.
En un comunicado de once puntos, resaltaron: “¿Queda alguna duda que la justicia de Zapala, en la figura de la jueza Ivonne San Martín, la secretaria Alicia Fuentes y la camarista Liliana Deiub están a favor de las empresas extractoras de hidrocarburos, sin importarles en primer lugar la gente que vive en los territorios de explotación y sin detener la mirada en la contaminación en todas sus formas producidas por dichas actividades petroleras?”
La primera semana de enero, la comunidad Winkul Newen advirtió que “el avance de la multinacional Apache no se detendrá”, lo vinculó a la avanzada de explotación de yacimientos no convencionales y responsabilizó al gobierno nacional y provincial.
El 14 de febrero a la mañana, la empresa Apache (con custodia policial) intentó ingresar a la comunidad. “No los dejaremos. Es territorio comunitario. Primero tienen que sanear lo que contaminaron y sentarse a discutir con nosotros el impacto de su actividad en la comunidad”, afirmó Relmú Ñamku, vocera de Winkul Newen.
Secuestro en Santiago
Miguel Galván, del Pueblo Lule-Vilela e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) fue asesinado el 10 de octubre de 2012. La organización denunció que recibió una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió el 10 de octubre en el paraje Simbol, en el límite con Salta.
El Mocase-VC (que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena -MNCI-) exigió que se apruebe en el Congreso Nacional la ley para frenar los desalojos, nacida de las organizaciones rurales y que fue presentada por el kirchnerismo en diciembre de 2011 (luego del asesinato de Cristian Ferreyra, también del Mocase-VC).
La ley no se aprobó.
El 30 de enero, en la comunidad indígena Tres Leones (en el norte de Santiago del Estero), Juan Santillán fue secuestrado y amenazado por una patota al servicio de un empresario agropecuario. “Primero me apuntaron, me golpearon y tiraron al suelo. Luego me ordenaron que me saque la ropa y a punta de escopeta el señor Alejandro Porta junto con sus cómplices me llevaron por un camino. Me hacen caminar un kilómetro desnudo, paran y me dicen que abra la boca, quieren fusilarme con una escopeta 12/70 automática. Me niego. Me llevan nuevamente hasta la camioneta negra Hilux y me intentan obligar a subir. Me niego. Me afirman nuevamente el caño de la escopeta en la espalda, me dice ‘te vamos a violar’. Me revelo. ‘Matame ya que mierda’, le digo”, recordó Santillán, del Mocase-VC. Y afirmó que, antes de dejarlo ir, le advirtieron que si no dejaba el campo iban a asesinar a sus once hijos.
La comunidad Tres Leones señaló que mantiene el conflicto territorial desde hace ocho años y que, en ese lapso, ha realizado “más de 50 denuncias” ante la Policía, juzgados y la Dirección de Bosques provincial (dependiente del Ministerio de Producción).
“A pesar de las denuncias, la policía hace adicionales para los empresarios. No hay investigación para dar con las armas que portan los sicarios, no dan con nuestros animales robados, nada hacen por las amenazas que sufren nuestros hijos, continúan cortados caminos vecinales por los campamentos de bandas armadas que custodian una topadora que realiza desmontes y deslindes en nuestro territorio”, denunció el Mocase-VC e hizo responsable “al gobierno provincial de lo ocurrido hasta aquí y de lo que pueda suceder”.
Sangre Qom
El 9 de diciembre de 2012 fueron atropelladas en Formosa (ruta 86) la beba Lila Coyipe (de diez meses) y su abuela, Celestina Jara. Celestina murió en el momento, sobre el asfalto. Lila falleció el día siguiente. Ambas qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Ricardo Coyipé, también atropellado (esposo de Celestina y abuelo de Lila), denunció que “no fue accidente, lo hizo a propósito” y precisó que el gendarme que los chocó -lejos de auxiliarlo- lo pateó en el piso y amenazó para que no realice la denuncia. Coyipé es un reconocido defensor de los derechos qom. “Me pegó, me puteó, me dijo que era un indio de mierda. Y mi nietita estaba ahí, agonizando”, denunció Coyipé. La comunidad aseguró que el trasfondo es la disputa territorial.
La versión policial, y del gobierno de Formosa, fue que se trató de un accidente.
El 5 de enero, en Villa Río Bermejito (en el Impenetrable de Chaco) fue encontrado sin vida el qom Imer Flores (de 12 años). Había sido golpeado, su rostro estaba desfigurado y arrancado de su piel un tatuaje que lo identificaba con su comunidad indígena El Colchón. Luego de que la comunidad tomara la comisaría local, la Policía detuvo al supuesto agresor. “Una ves más el naroqshe (blanco) impregna de dolor y muerte al Pueblo Qom”, lamentó el comunicado del Consejo Carashe (autoridades indígenas) del Impenetrable chaqueño.
El gobernador, Jorge Capitanich, lamentó la muerte y la vinculó a un “hecho policial”. La comunidad qom lo asoció al racismo histórico, y cotidiano, que pacen los pueblos originarios de la región. El 6 de enero, en la localidad de Laguna Blanca (Formosa), una patota golpeó a Omar Avalos, activo luchador de la comunidad qom La Primavera. Avalos denunció (junto a su esposa, que fue testigo de la golpiza) que los atacantes los acusaban de ser opositores al gobierno provincial.
Tres días después, el 9 de enero, falleció Juan Daniel Díaz Asijak, de 16 años, de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. “La policía me dijo que mi hijo estaba ebrio y tuvo en accidente en la moto. No le creemos. Y los médicos nos dijeron que fue una golpiza”, denunció Pablo Asikaj, padre de Daniel, y alertó: “Nos matan por nuestra lucha por la tierra”. El gobierno provincial sostuvo que se trató de un “accidente vial, lo que se diga en contrario son falacias”.
El joven era sobrino del líder de la comunidad y referente en la lucha qom, Félix Díaz.
Carta abierta
El 17 y 18 de noviembre de 2012 se reunieron en Buenos Aires organizaciones indígenas de todo el país, entre las cuáles sobresalía el Consejo Plurinacional Indígena (espacio de articulación nacido en el Bicentenario argentino -mayo de 2010-). “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión. Nuestra realidad es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es sólo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan sólo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales”, denuncia el documento, llamado “Derechos humanos para los pueblos indígenas”.
En enero pasado, un grupo de intelectuales y personalidades de la cultura escribieron una carta abierta a la presidenta de la Nación. “Nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren los pueblos indígenas”, denuncia el escrito, firmado (entre otros) por el escritor uruguayo Eduardo Galeano y el periodista e historiador Osvaldo Bayer.
La extensa carta repasa hechos históricos que golpearon a los pueblos originarios, argumenta de manera concreta sobre las falencias del Estado y propone políticas activas para revertir la situación. Siempre en un tono respetuoso y con argumentos, interpela a la Presidenta: “Se trata de un problema de extensión nacional y se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes. Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de las víctimas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años”.
“Si en un país como el nuestro, poblado por decenas de pueblos indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña”, afirma el escrito.
Firmado por miles de personas en pocos días, pide que se investiguen los asesinatos, que se cumplan las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas, que intervenga en el modelo extractivo que avanza sobre las comunidades y solicita a la Presidenta: “Es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes (los asesinatos)”. No hubo ninguna respuesta de funcionarios del gobierno nacional.
Una semana después de la carta abierta, el 4 de febrero, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un acto público con Gildo Insfrán, gobernador de la provincia de Formosa, epicentro de la represión contra el pueblo indígena Qom.
Transmitido por la televisión, no hubo mención a la situación indígena, abundaron las sonrisas y los apoyos mutuos. Como si la carta abierta, y los asesinatos de indígenas, nunca hubieran existido.

Enlace:
http://www.oilwatchsudamerica.org/petroleo-en-sudamerica/chile/4457-chile-verano-represivo.html

Fuente:

Henderson Rengifo, dirigente nacional de la Aidesep, durante la reunión de Coica en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El Consejo de Coordinación y el Consejo Directivo de la Coica, reunidos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; rechazaron la denuncia hecha por la Fiscalía de Bagua contra los 54 líderes amazónicos, culpándolos de la masacre criminal perpetrado por el ex presidente Alan García y la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y ejecutada desastrosamente por los generales policiales; y que hoy pretenden poner en el banquillo de los acusados al Apu Alberto Pizango Chota, presidente de la Aidesep, cuando todos los indicios indican lo contrario.

Por esta razón, la organización internacional argumentó que este conflicto social en Bagua fue en defensa de los territorios colectivos que pretendían ser parcelados y privatizados por el gobierno aprista y bajo el concepto de la política del Perro del Hortelano, cuyo autor fue García Pérez y donde denostó la cosmovisión amazónica, rechazando a los pueblos, llegando incluso a no considerarlos peruanos.
Es así que la Coica exigió al Estado peruano no incremente la conflictividad social con los pueblos indígenas amazónicos, sino soluciones sociales y políticas, implementando el Plan de Vida Plena Amazónico propuesto por la Aidesep y que tiene como eje principal la consolidación y saneamiento territorial de los pueblos indígenas por más de 20 millones de hectáreas.
Enlace:
http://www.aidesep.org.pe/coica-rechaza-acusacion-fiscal-contra-54-hermanos-indigenas-por-los-hechos-de-bagua/

Fuente:

El conflicto armado y la minería vistos desde adentro
El Norte del Cauca desde hace muchos años ha sido un territorio geo-estratégico donde los grupos armados se disputan el territorio para implantar su política guerrerista entre los grupos étnicos que habitamos en estas tierras fértiles y de grandes riquezas naturales como el agua, la biodiversidad y los diferentes metales que se encuentran en el sub suelo.
Ante las múltiples batallas realizadas por las guerrillas y las fuerzas militares del establecimiento, las comunidades indígenas que habitamos aquí hemos logrado resistir al sometimiento armado e ideológico. Gracias a la conciencia de las comunidades que han optado por caminar el Plan de Vida con el ánimo de defender los territorios ancestrales, espacio donde se tejen los pensamientos colectivos.

Con el pasar de los años, y, a través de asambleas, congresos y foros comunitarios; nos hemos dado cuenta de que dichas disputas territoriales obedecen a intereses económicos externos que han mirado en nuestra casa grande un lugar ideal para hacer sus inversiones económicas con el propósito de aumentar sus ganancias a costa de la destrucción de la Madre Tierra, tal cual como viene pasando en el territorio nacional. Uno de los casos más conocidos e ignorados por el gobierno colombiano ha sucedido en el departamento del Huila con la construcción de la represa del Quimbo, donde las comunidades han manifestado el descontento desde hace mucho tiempo, pero la respuesta del gobierno ha sido la represión por medio de las fuerzas militares que están al servicio de las transnacionales.
Otro de los casos ejemplares de lucha organizada es la batalla que están librando los campesinos de Ituango en Antioquia, donde la ambición de la Empresa de Servicios Públicos de Medellín ha llegado con la propuesta de supuesto desarrollo a través de la construcción de la represa Hidrohituango. Estas comunidades se han manifestado ante la imposición, pero lo que ha hecho el gobierno departamental y nacional es reprimir al pueblo que reclama sus justos derechos.
Ante la preocupación, en el año 2009 las autoridades ambientales de ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca), realizaron la Primera Minga Territorial Económico Ambiental con el fin de alertar a las comunidades sobre la problemática que estaba llegando en ese tiempo a los territorios indígenas. En esta importante minga de pensamiento uno de los invitados como ponentes fue el investigador Cesar Padilla del Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica, quien hizo hincapié sobre la problemática minera en países como Guatemala, Bolivia, Perú y otros. Textualmente le habló a la asamblea diciendo “La minería no aporta a las economías locales. Al contrario, empobrece a las comunidades porque los minerales se acaban para siempre y solo quedan los desechos tóxicos que perduran por muchos años causando graves enfermedades a la población que habitan dichas tierras. Tampoco es cierto que la minería genera ingresos para el país. ¿Qué pasa con el pasivo ambiental? ¿Es el país o las comunidades quiénes pagan los daños ecológicos?”.
“El problema es que particularmente en América Latina se ha generado un proceso impulsado por el mito del desarrollo, es decir que si tenemos minerales tenemos que explotar porque no podemos ser mendigos estando sentados en un saco de oro y que hay que ser ricos y para serlo tenemos que explotar. Eso ya está demostrado que no sirve. Pero es algo que está metido en la cabeza de la gente y en la mente de los políticos porque todo político tiene mentalidad extractivista, es decir, su lógica es que nuestros recursos hay que explotarlos sin importar quien se perjudique”, continuó Padilla y terminó con la siguiente reflexión, “Podemos vivir sin oro; pero no podemos vivir sin agua y aquellas comunidades a las que les falta agua, es probable que le sobre minería”.
Por otra parte, a pesar de la concientización que se viene generando en los diferentes espacios de debate frente a la minería, algunos comuneros de los resguardos de Canoas, Munchique los Tigres y en las riberas de los ríos en Toribio, Jambaló y Caloto, ha demostrado que la necesidad de la gente ha sido más fuerte que la misma conciencia porque a pesar de los diferentes debates y vías de hecho para tapar los socavones, no han generado los resultados esperados debido a que algunas personas continúan con sus labores de destrucción de la Madre Naturaleza.
Ante esta situación y en aras de continuar moviendo conciencias a nivel local, nacional e internacional, el Tejido de Comunicación, al inicio de este año 2013, terminó una producción documental titulada “Y siguen llegando por el oro”. Trabajo audiovisual que narra la problemática minera en el norte del Cauca, la militarización del territorio y las múltiples estrategias que busca el gobierno por medio de las reformas de las leyes con el ánimo de seguir implementando una de sus locomotoras del supuesto desarrollo.
Esta y muchas situaciones que acontecen a diario en nuestro país nos hacen ver que las justas luchas en Colombia se siguen dando por medio de la organización de los sectores sociales del país que han levantado su voz de protesta ante las diferentes negativas del gobierno nacional.
Por otra parte entendemos que el proceso de paz nos es tan bueno como lo pinta el gobierno nacional a través de sus medios masivos de comunicación porque mientras él habla de paz, las comunidades afros, campesinos e indígena sentimos lo contrario. Nos siguen matando, así lo ha demostrado el último hecho en el municipio de Caldono, donde el ejército nacional asesinó a un comunero indígena.
También es claro que al gobierno no le interesa la verdadera paz, porque es lamentable que pensando en el posconflicto, luego de la negociación en la Habana – Cuba, haya destinado de los recursos públicos 18 billones de pesos para implementar el pie de fuerza militar. Esto nos deja mucho que pensar ¿si hay paz, para qué tanta inversión en lo militar? Entonces no es cierto que se está negociando la paz, de lo contrario vemos que se están es repartiendo el país para seguir la guerra en contra de los que se oponen a las políticas que nos arrebatan la soberanía y convierten los territorios en mercancía para exportar.
En ese sentido los pueblos indígenas estamos seguros que la paz será una realidad cuando se mejoren las inversiones estatales en la salud, en la educación, en vivienda y cuando no privaticen los servicios públicos. De la misma manera la paz será todo un éxito cuando nuestro territorio esté libre de la minería, de la militarización y de los TLC. De lo contrario la sociedad solo verá la paz en discursos vagos de quienes confunden al pueblo por medio de la propaganda.
Lo cierto es que si dejamos que en nuestro territorio se siga trabajando la minería, vamos a tener “pan para hoy y hambre para mañana” así lo han expresado las personas de la comunidad que se oponen a estos proyectos de muerte.
Enlace:
http://www.miradoriu.org/spip.php?article405

Fuente:

Topadoras ingresaron al territorio ayoreo de Cuyabia, comunidad que denunció al Indi por la transferencia ilegal del territorio en cuestión, ubicado al noreste de Mariscal Estigarribia, Boquerón, para iniciar trabajos de desmonte.Operarios de la firma Maquinarias Harder de Loma Plata, iniciaron trabajos de desmonte en el territorio que forma parte de las 25.000 hectáreas pertenecientes a la comunidad indígena y habría sido transferido por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en noviembre del 2012, según denunció el abogado de la comunidad y expresidente del Indi, Oscar Ayala.
Los ayoreos de Cuyabia están siendo víctimas de “un sistemático acoso para despojarles por completo de sus tierras”, denunció Ayala.

Para ver la carta del relator de los pueblos indigenas de la ONU pulsar aquí

Un joven de la Comunidad Cuyabia acercó un video, captado por él desde su celular, donde registra el momento en el cual una persona se dirige a indígenas ayoreos, mostrándoles el título de propiedad otorgado por el Indi a Julia Beatriz Vargas Meza.
El hombre trataba de explicarles que dichas tierras fueron vendidas por el Indi y que por tanto, ya no les pertenecía.
El ingreso de las maquinarias coincide con la visita de esta persona que fue filmada, según señaló el abogado de la comunidad.
“La venta de tierras indígenas por parte del Indi, además de constituir una forma de despojo sin precedentes, es un delito muy grave que no debe quedar en la impunidad”, explicó Ayala, agregando que el titular de la entidad Rubén Quesnel debe ser procesado. “Las tierras deben estar aseguradas en propiedad a favor de sus verdaderos y únicos dueños, los ayoreos de la comunidad Cuyabia”, concluyó el abogado.
MANIFESTACIONES Y CORTES DE RUTA
El grupo de indígenas afectado se sumaron a otros del pueblo guaraní ñandeva, cortando intermitentemente la ruta Transchaco en la localidad de Mariscal Estigarribia, Chaco, en protesta por la supuesta venta de sus tierras. La medida se prolongará por varios días más hasta obtener algún resultado positivo, aseguraron.
El caso fue denunciado ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, siendo la Fiscal Alba del Valle la encargada de la investigación.
Asimismo, los representantes de la comunidad presentaron una demanda de nulidad del acto jurídico que transfirió la propiedad de la tierra en perjuicio de los indígenas. Actualmente se aguarda el pronunciamiento del Juez Juan Carlos Molas de la ciudad de Filadelfia.
Cabe mencionar que la Constitución Nacional, en su Artículo 64, establece que los pueblos indígenas “tienen el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra” y se prohíbe “la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.

enlace:

http://www.abc.com.py/nacionales/desmontan-territorio-indigena-541589.html

Fuente:

Miembros de la Comunidad Wichí que desde hace varias semanas protestan en Palmar Largo en reclamo de soluciones a varios problemas desmintieron a la Fiscal de Estado de la provincia, Dra. Stella Maris Zabala, sobre la situación actual en la planta petrolera que pertenece a Plus Petrol.

En diálogo con Radio Uno y El Comercial, la fiscal provincial aseguró que “el pasado día sábado se levantó el corte de los accesos de la planta de petróleo ubicada en el oeste provincial”; y si bien no dio detalles de la negociación, afirmó que la situación ya tendría “principio de solución”.

“Tenemos una medida administrativa pero ya está solucionado el problema y no es necesario ejecutar nada”, afirmó la encargada de llevar las cuestiones judiciales por parte de la provincia.

Más allá de hacer la demanda, el estado provincial había pedido a la Justicia que se ordene la liberación del acceso a las plantas, pero la funcionaria confirmó que por otras vías se logró un principio de acuerdo para la cuestión:

“El sábado se logró liberar el acceso a las plantas petroleras”, dijo la Dra Zabala en el breve contacto con este medio para dar por cerrado el tema que genera conflicto en el Oeste desde principio de año.

El bloqueo generó preocupación en la localidad debido a que, según indicaron expertos, se corría el riesgo del cierre permanente de los pozos de la zona.

Los aborígenes que se encontraban encabezando el corte, pedían mejoras en las condiciones de la atención de salud en la región y exigían que funcionarios provinciales acudan a hablar con ellos.

«»Desmentida.- Por su parte, los miembros de la comunidad aborigen que encabezan los reclamos aseguraron que “el bloqueo continúa y nadie se va a ir hasta que tengamos las respuestas que buscamos”.

En diálogo con Radio Uno y El Comercial, el dirigente de la Comunidad Wichí de El Potrillo, Moisés Fernández, afirmó que “siguen los cortes en la ruta y están bloqueados los accesos a las plantas”, desmintiendo así los dichos que ayer por la mañana dijera la Fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, quien afirmó que el conflicto ya está resuelto desde el día sábado.

“No vino nadie a hablar con nosotros, todo sigue igual y cada vez se complica más” puntualizó Fernández.

Otras voces consultadas por este medio también aseguraron que la situación en Palmar Largo “sigue siendo preocupante, continúan los cortes a los accesos de las plantas de Plus Petrol y sobre la ruta”•
Enlace
http://www.prensaindigena.org.mx/?q=content/argentina-palmar-gobierno-y-abor%C3%ADgenes-sin-acuerdo-por-cortes

Fuente:

Una incertidumbre se mantiene en Viguí, área limítrofe entre las provincias de Veraguas y Chiriquí, donde en las últimas horas se han registrado enfrentamientos entre indígenas Ngäbe Buglé y unidades del control de multitudes de la Policía Nacional.

En el lugar se mantiene una tensa calma, mientras que las autoridades indígenas analizan las acciones a tomar.

Los indígenas Ngäbe Buglé se han mantenido en vigilia desde el 24 de febrero, ya que rechazan la construcción del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.

En RPC Radio, Ricardo Miranda, dirigente del Movimiento 10 de abril, confirmó que hay una persona herida producto de los enfrentamientos. Confirmó que no van a retroceder.

Miranda aseguró que hay tres comunidades en riesgo producto de la construcción de esta hidroeléctrica.

Enlace:
http://www.telemetro.com/noticias/2013/03/10/134504/tensa-calma-vigui-dirigentes-indigenas-analizan-acciones

Fuente:

La Autoridad Tradicional Indígenas Nasa del Cabildo Indígena de Miranda y la Consejería ACIN dan a conocer a la sociedad civil en general los hechos de afectación al territorio y la violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. A pesar de la posición clara de las autoridades indígenas de no permitir la presencia de actores armados en sus territorios, en legítima defensa de la vida a través de la Resolución del 20 de julio de Toribio de 2011, la brigada “móvil” N° 28 están ubicados en la vereda Las Dantas desde el mes de julio de 2012.

COMUNICADO A LA OPINON PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
GRAVES INFRACCIONES AL DIH
EN LOS TERRITORIOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA

Las Autoridades Indígenas del Norte del Cauca que integramos la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN, en cumplimiento de los principios culturales y territoriales como pueblos indígenas, con el propósito de restablecer la Armonía y el Equilibrio de la Madre Tierra, en el ejercicio de la Autonomía indígena se ha continuado de manera pacífica las acciones legítimas de control territorial por las diferentes comunidades presentes en la zona acompañados por los Kiwe Thegnas – Guardias Indígenas.
Manifestamos nuestra voz de rechazo e indignación contra todos los hechos violentos e inhumanos que atentan contra la vida y la integridad física de los comuneros y comuneras que habitamos en los territorios, cuando es violentado el ejercicio autónomo de control territorial por parte de miembros del ejército nacional.

HECHOS

La Autoridad Tradicional Indígena Nasa del Cabildo Indígena de Miranda y la Consejería ACIN dan a conocer a la sociedad civil en general los hechos de afectación al territorio y la violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

A pesar de la posición clara de las autoridades indígenas de no permitir la presencia de actores armados en sus territorios, en legítima defensa de la vida a través de la Resolución del 20 de julio de Toribio de 2011, la brigada “móvil” N° 28 están ubicados en la vereda Las Dantas desde el mes de julio de 2012.

Esta situación ha venido generando afectaciones directas contra las personas y sus bienes, ya que además de estar violando la autonomía territorial, han perjudicado los cultivos de pan coger de algunas familias. Pero la situación se agravó el pasado 6 de marzo a las 9:30 pm, cuando un camión tipo turbo se desplazaba hacia la zona donde está ubicado el ejército nacional, cuando llegaron al puesto de control que tiene la Guardia Indígena en la vereda El Horno, el vehículo se detuvo y se bajaron 4 soldados y 2 personas de civil, y se les informo que a esa hora no estaba permitido el Tránsito de vehículos y mucho menos si eran personas ajenas al resguardo, explicándoles las razones por las cuales las comunidades toman esta decisión; posteriormente a ello el conductor del vehículo manifestó que no estaba dispuesto a avanzar más de ahí, Sin embargo el chofer del camión intento avanzar a pesar del puesto de control y casi atropellan a un comunero por lo cual la comunidad reacciono en respaldo a su Guardia Indígena, ante lo cual los soldados no tuvieron más opción que bajar la remesa en este punto.

En esta situación se generó una discusión con los guardias indígenas y la comunidad presente que llegó a respaldarlos, porque los soldados les echaron la culpa de que el camión no hubiera llegado al lugar que ellos querían, insultaron a los comuneros(as) presentes, diciéndoles que ellos no tenían porque respetar ningún control y que la próxima vez se “cargaban su hp puesto de control con todo y guardias”. Cuando la comunidad les exigió que se retiraran y se llevaran su remesa, se desplazaron unos metros y empezaron a disparar contra la población civil, ante lo cual la guardia decidió retirarse un poco para evitar más problemas y ello pudieran llevarse su mercado.

DENUNCIAMOS ANTE LA OPINION PÚBLICA

Que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de las fuerzas armadas de Colombia, persisten y cada vez son más amenazantes contra la integridad física de los comuneros y comuneras indígenas.

Que los anteriores hechos dan cuenta de los niveles de recrudecimiento del conflicto armado y las graves afectaciones a la población civil y a los proyectos de vida que durante años las comunidades indígenas hemos venido construyendo, así como del aumento de la violencia política en el Cauca mediante la cual los actores armados pretenden lograr el control de los grupos étnicos, sus culturas, sus procesos organizativos y las zonas ambientales que históricamente han cuidado con dedicación y esmero.

Responsabilizamos al gobierno nacional de cualquier hecho que pueda suceder como consecuencia del ejercicio legítimo de control territorial realizado por la guardia indígena.

EXIGIMOS

Al Estado Colombiano que no siga vulnerando los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas a través de la campaña de exterminio que desde el tiempo de la conquista han emprendido contra nosotros.

SOLICITAMOS

A los organismos de protección de DDHH nacionales e internacionales su acompañamiento y monitoreo permanente de la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos los comuneros y comuneras del resguardo indígena La Cilia–La Calera, por la presencia y permanencia en nuestro territorio de una Unidad militar que como su nombre los dice debería ser MOVIL.

AUTORIDAD TRADICIONAL RESGUARDO INDIGENA LA CILIA-LA CALERA DE MIRANDA
CONSEJERIA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN
Enlace:
http://www.nasaacin.org/nuestra-palabra-kueta-susuza/5451-miranda-cauca-los-grupos-armados-deben-respetar-el-territorio-indigena