Violencia, impunidad. El conflicto armado en Colombia se ensaña con las mujeres indígenas. Para los actores armados de ese conflicto, el uso de la violencia sexual constituye una estrategia de guerra. Las incursiones de ejércitos legales e ilegales a los territorios indígenas son acompañadas por acoso sexual, violaciones sexuales, prostitución forzada, esclavitud sexual y enamoramiento como táctica de cooptación de la población a través de sus mujeres.
Cuando excepcionalmente estos hechos son investigados, muchas veces las mujeres son inculpadas por las instituciones que investigan, los actores niegan lo ocurrido y existe impunidad en materia de procesos penales para los perpetradores.
El Estado colombiano ha adquirido innumerables compromisos con la firma de Tratados y Convenios Internacionales y ha recibido múltiples recomendaciones de organismos del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos. Pero es evidente el incumplimiento sistemático y su omisión e indiferencia frente a las tantas denuncias. Con certeza se puede afirmar que el Estado de Colombia no ha garantizado a las mujeres colombianas, y menos a las indígenas, las condiciones para gozar “una vida libre de violencias”.[1]
Este texto está basado en las investigaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Mujer de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejo creado en el año 2007 y conformado por con diez mujeres indígenas representantes de las regiones. Es una instancia consultiva en diferentes temas: mujer y territorio, mujer y derechos humanos, mujer y salud, mujer y planes de vida. Forma parte del Consejo Nacional de la ONIC, organización integrante de la CAOI.
El contexto
En Colombia habitan 1.378.884 personas indígenas, pertenecientes a 102 pueblos ubicados en su gran mayoría en áreas rurales. El 49,6% de la población indígena son mujeres y el 50,4% hombres. Las mujeres transmiten la lengua, reproducen la cultura. Como comadronas, consejeras, guías espirituales, mujeres médicas, ellas propician la permanencia de los conocimientos y tradiciones de los pueblos indígenas. Y cumplen un rol fundamental en el ciclo de seguridad alimentaria de las comunidades, con las mingas, la recolección, la siembra y la preparación de alimentos.
La Corte Constitucional de Colombia señala que hay en ese país 34 pueblos indígenas en peligro de desaparición física y cultural. Específicamente son 32 pueblos con una población menor a 500 habitantes, los mismos que viven los horrores desmedidos de la guerra y la imposición de modelos de desarrollo ajenos a su cultura y que vulneran sus derechos.
En este contexto, la violencia sexual se comete con el fin de intimidar, controlar, fraccionar, “castigar” a los pueblos y comunidades, y a las y los líderes de las organizaciones indígenas, pero forma parte, además, de la estrategia de control militar sobre el territorio.
“En el resguardo de Tacueyó en el Municipio de Toribío, dos mujeres indígenas fueron abordadas por dos soldados, quienes les preguntaron si habían visto pasar a una mujer con un tatuaje. Las mujeres que no sabían lo que era un tatuaje, le respondieron que no habían visto nada, que no sabían que era eso de los tatuajes. Luego de esta respuesta los soldados obligaron a las mujeres a desnudarse, bajo el pretexto de la búsqueda del tatuaje, y procedieron a tocarles los senos. Estando en esta acción, llegaron dos sobrinas de las señoras, de 13 y 14 años de edad, quienes fueron víctimas del mismo proceder por parte de los soldados.”
Testimonio Mujer Indígena de Tacueyó
Más grave aun: la ONIC ha registrado casos que dan cuenta de ejecuciones extrajudiciales acompañadas de violencia sexual contra mujeres. Uno de ellos ocurrió en mayo del 2003, en el departamento de Arauca, en las Veredas del resguardo Betoyes. Allí miembros del Ejercito que portaban brazaletes distintivos de las AUC[2] violaron a cuatro jóvenes de 11, 12, 15 y 16 años de edad, entre ellas a Maribel Fernández, de dieciséis años, y a Omaira Fernández, quien estaba embarazada. “El pueblo Guahíbo tuvo que ver horrorizado cómo los “supuestos” paramilitares le abrían el vientre a la joven, le extraían el feto, lo trozaban, introducían sus partes en una bolsa plástica y la arrojaban al río junto a la madre”.
Impunidad
“La posesión de nuestros cuerpos como botín de guerra por parte de los distintos actores armados, es una táctica premeditada que se utiliza dentro de nuestros territorios. Actos de violencia que en repetidas ocasiones quedan ocultos bajo el silencio de las mujeres, por distintos motivos, como el temor de enfrentarnos al victimario cuando éste abusa del terror que causan las armas”.
Informe Misión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el Departamento del Cauca. 2005.
La utilización del cuerpo de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas se materializa en agresiones sexuales, esclavitud y explotación sexual, prostitución, embarazos y abortos no deseados. Estas agresiones producen un efecto[3] devastador, en muchos casos irreparable, como el contagio de infecciones de transmisión sexual, traumas psicológicos, rechazo y estigmatización social por las comunidades y familias de las afectadas, entre otros.
Las mujeres indígenas víctimas de estas agresiones sexuales por parte de los diferentes actores del conflicto armado, en su mayoría no denuncian los actos de agresión, o si lo declaran, esta información no sale de la comunidad indígena, en muchos casos porque “factores culturales tales como la vergüenza, aislamiento y estigmatización sociales generados sobre una mujer por el hecho de haber sido víctima de violencia sexual, las llevan a ellas, e incluso a sus propias familias y comunidades, a abstenerse de denunciar lo ocurrido para no violentar lo que se percibe como el ‘honor’ de la afectada o de sus parientes”[4].
Complicidad del Estado
Los graves casos de violencia sexual contra mujeres indígenas en Colombia constatan las graves fallas en el cumplimiento de la orden dada por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008 al Fiscal General de la Nación: “Adoptar a la mayor brevedad las medidas a las que haya lugar con el fin de que las investigaciones que estén pendientes avancen aceleradamente, y que se inicien los procedimientos investigativos de imperativo desarrollo respecto a los hechos que aún no han sido objeto de atención por parte de la justicia penal ordinaria (…)”.
También contribuye a la impunidad el racismo contra mujeres indígenas por parte de los funcionarios encargados de atender los casos. Esta situación demanda de forma urgente que las entidades encargadas de la atención a mujeres víctimas de violencia sexual cuenten con un enfoque de atención diferencial, que hasta el momento es inexistente. Así lo reconoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha manifestado su profunda preocupación por la mirada homogénea de las políticas públicas colombianas hacia las mujeres que son afectadas particularmente por el desplazamiento y la violencia sexual[5].
En mayo de 2009, la ONIC presentó un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación[6] solicitando información sobre el estado de las investigaciones de los delitos de violencia sexual en las que las víctimas son mujeres indígenas, sustentando esta acción en el Auto 092 de la Corte Constitucional. La Fiscalía respondió con un cuadro que reportaba sobre apenas siete casos de violencia sexual, indicando que todos estaban en “investigación preliminar”.
Es decir, un año después de que fuera emitida la orden de la Corte Constitucional, se seguía eludiendo responsabilidades bajo el argumento de que faltaban pruebas mínimas para llevar a cabo una investigación de los hechos[7]. El Estado desconoce que los patrones culturales en las comunidades indígenas cohíben las denuncias de las mujeres.
Propuestas
Las mujeres indígenas colombianas, organizadas en el Consejo Nacional de la Mujer de la ONIC, no se quedan en la denuncia: tienen propuestas concretas para enfrentar la violencia sexual y las vulneraciones a sus derechos humanos y colectivos en general:
• Exigir al Estado de Colombia el acatamiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por diferentes instancias del sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la CIDH.
• Respuesta inmediata a comunicados y denuncias por hechos de hostigamiento, amenazas y violación a derechos humanos en las comunidades indígenas.
• Realizar las investigaciones, castigo y encarcelamiento de los perpetradores de violaciones de derechos humanos, en especial a quienes han atacado a la niñez y las mujeres indígenas.
• Exigir la desmilitarización de los territorios indígenas y la salida de todos los grupos armados, así como el desmantelamiento de las estructuras paramilitares que siguen operando en territorios indígenas, a pesar del discurso oficial de una pacificación del país.
• El establecimiento de programas concertados adecuadamente de atención a las mujeres y niñas que han sido agredidas sexualmente y con otras formas de violencia, que proporcionen una reparación integral, comenzando por el respeto a nuestras autoridades, gobierno y formas tradicionales de vida.
• Garantizar el retorno de las comunidades indígenas desplazadas con todas las garantías de seguridad y dignidad, porque en el territorio es donde se puede pervivir.
• La devolución de todas las niñas, niños y jóvenes que han sido reclutados por las organizaciones guerrilleras, paramilitares y cesar su utilización por parte de las unidades de la Fuerza Pública.
• El establecimiento de programas para terminar con las minas antipersonal que han sido sembradas en todo el territorio, así como el desmantelamiento de artefactos explosivos, trincheras y barricadas que han quedado abandonados luego de combates en zonas urbanas y rurales o han sido colocadas por la Fuerza Pública en su lucha contrainsurgente.
• El cese inmediato de las fumigaciones con químicos a cultivos de uso ilícito y de alimentos que hacen parte de las políticas antidrogas, porque causan daños en la salud, en la naturaleza y son factor de desplazamiento.
• La concertación e implementación de programas y políticas publicas reales de formación, educación atención especializada para las mujeres indígenas, que permitan el ejercicio de sus derechos.
• La atención y acompañamiento de organizaciones internacionales y nacionales dirigidas a resolver los problemas de las mujeres indígenas, dentro de los Planes de Vida, respetando y promoviendo los principios de consulta previa y fortaleciendo las organizaciones propias de los pueblos indígenas.
• La garantía del pleno goce y realización de los derechos de los Pueblos Indígenas, garantizados los que existen en la Constitución y los tratados internacionales.• El respeto a los territorios, gobiernos, autoridades, la autonomía de los Pueblos Indígenas.• El trabajo y coordinación de la justicia propia y la justica ordinaria para asegurar que no queden impunes los casos de violación de derechos a las mujeres.
Febrero 16 de 2012,
Notas:
[1] Como lo consagra la CEDAW, adoptada por las Naciones Unidas, mediante la resolución 34/180 de 1979 de la Asamblea General y ratificada por el Estado Colombiano mediante la ley 051 de 1981. [2] Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares.
[3] Op. Cit. AUTO 092 de 2008.
[4] CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Segunda de Revisión. AUTO N° 092 de 2008.[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2009, Capítulo V.
[6] Oficio DNF 14538. [7] VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Programa Presidencial de Derechos Humanos. Consideraciones del Estado colombiano al informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2005. Bogotá, marzo de 2006. P. 21.

POR PABLO HUAIQUILAO
INGENIERO FORESTAL
Estas empresas han realizado algunos esfuerzos por certificarse, sin embargo, aun están lejos de cumplir con lo estipulado en los principios y criterios de este estándar.
En términos concretos estas empresas han tenido un triste curriculum en cuanto a su relación con el pueblo Mapuche.
1.- Innumerables y muy comunes son los casos de compras fraudulentas a personas mapuche, afectando gravemente la sobrevivencia de las familias mapuche que deben soportar la presencia de inmensas superficies de pinos y eucaliptos en los alrededores de sus viviendas.
Otro caso muy común y que no han asumido se refiere los efectos ambientales que las grandes plantaciones han causado en los territorios mapuche, y en este sentido podemos mencionar:
2.- Escasez de agua por masivo consumo de las plantaciones a gran escala. Este punto ha sido rebatido fuertemente por las empresas forestales que han encargado estudios poco imparciales, sin embargo el conocimiento tradicional mapuche ya ha conoce las causas de la falta de agua en las comunidades, mucho antes de los efectos de la actual sequía que sufre el país.
3.- Contaminación visual por las cosechas a tala rasa
4.- Contaminación acústica por paso de camiones de gran tonelaje y faenas continuadas las 24 hrs del día, en las cercanías de las comunidades.
5.- Contaminación por suspensión de polvo por paso constante de paso de camiones cargados con madera.
6.- Cambio de cursos de agua por extracción de áridos para arreglo de caminos internos de sus predios. Esto es bastante irónico, ya que destruyen los ríos y caminos vecinales para arreglar sus caminos internos, existen muchas evidencias de esto.
7.- Contaminación de cursos de agua por erosión causada por las tala rasa en pendiente
8.- Pérdida de biodiversidad debido al modelo de grandes extensiones de plantaciones forestales
A estos efectos podemos sumar algunos de tipo social como:
9.- Destrucción de caminos por constante paso de camiones de gran tonelaje, especialmente en comunidades mapuche
10.- El inminente peligro causado por los camiones y tránsito de vehículos de las empresas a grandes velocidades por caminos vecinales, en este sentido, dramático han sido el caso del niño mapuche atropellado en hace algunas semanas en un sector aledaño a Loncoche por un vehículo de Mininco.
11.- Escasez de fuentes de trabajos, especialmente grave en comunidades mapuche, donde las empresas forestales se excusan en la poca capacitación que poseen los comuneros para sumir trabajos en estas empresas. Esta situación ha causado una dramática emigración de jóvenes a otras zonas del territorio.
12.- Aislamiento social de las comunidades mapuche, especialmente crítico es el tema de la locomoción y traslado a los centros poblados. Esto se debe a la desaparición de gran cantidad de campesinos chilenos que vendieron a las empresas forestales y cuya ausencia no hace factible económicamente la presencia de empresas de buses que tengas rutas frecuentes por las comunidades mapuche, que además, cada vez tienen menos personas.
13.- El peligro y riesgo de incendios forestales en las zonas cercanas a estas plantaciones. Estas empresas no poseen Ningún trato especial en las cercanías de las comunidades mapuche, como cortafuegos en los deslindes con las comunidades.
14.- Plantaciones hasta el borde de los caminos públicos, lo que hace que en invierno la sombra de los pinos y eucaliptos no permitan que estos se sequen. En este sentido no existe ninguna consideración con los caminos en comunidades mapuche, como buffer con especies nativas o de tipo caducas.
También se pueden añadir efectos culturales como los siguientes:
15.- Pérdida de plantas de uso tradicional-medicinal (lawen) en sectores aledaños a las comunidades mapuche. Esto es uno de los efectos más evidentes por la presencia de grandes paños de monocultivos exóticos industriales de rápido crecimiento
16.- Pérdida del conocimiento tradicional asociado a la presencia de las plantas de uso tradicional. Este punto es especialmente grave debido a que no existe el elemento sujeto del conocimiento y transmisión por parte de los agentes culturales correspondientes.
17.- Pérdida de los sitios de significación cultural, existe una gran cantidad de sitios sagrados mapuche en manos de las empresas forestales. Este punto es muy sensible para las comunidades mapuche, debido al valor histórico y cultural que representan para cada territorio.
A esto se puede además sumar los efectos políticos que causa la presencia de las grandes superficies y sus métodos de manejo por parte de las empresas forestales:
18.- Especialmente delicado es la querella que hace unas semanas presentó la empresa Mininco invocando la ley antiterrorista por el caso del incendio en Carahue donde murieron 7 brigadistas forestales, muchos de los cuales también eran mapuche. En términos prácticos, los mapuche sabemos en qué terminará esta presentación judical: en más allanamientos violentos que violan sistemáticamente los derechos fundamentales de las comunidades mapuche, en testigos protegidos, en seguimientos y en torturas como las registradas en muchos puntos de la octava región y que han sido denunciada a través de medios alternativos.
Por mucho que la empresa haya “aclarado” que esta querella no ha sido dirigida a ninguna persona y “etnia” determinada, esta querella deja el paso abierto a la violación sistemática de los derechos de personas mapuche, y esto no es certificable bajo ningún punto de vista, puesto que viola varios instrumentos internacionales como la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, el Convenio Nº 169 de la OIT e incluso el propio principio 3 del estándar del FSC.
A esta enumeración se podrían añadir una gran cantidad de otros aspectos como los económicos o de desarrollos territoriales, sin embargo solo es necesario darse una vuelta por cualquier comunidad mapuche donde además exista una de estas empresas para darse cuenta que no representan ningún aporte para nada.
En definitiva, todos los esfuerzos que estas empresas dicen estar haciendo desde Santiago, en términos prácticos en los territorios mapuche no se evidencian. No son ni mínimamente suficientes, no cumplen y están muy lejos de cumplir con estándares mínimos de empresas que opten por un sello como el FSC.
Enlaces
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8227

El seminario contará con la participación de James Anaya, abogado estadounidense de ascendencia apache y desde el 2008 Relator Especial para la situación de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas.
Asimismo estarán presentes en el evento el chileno Renzo de Kartzow, experto en desarrollo y competitividad empresarial, el español Manuel García, Coordinador del Proyecto PRO 169 de la OIT, entre otros.
También participarán los congresistas Daniel Abugattás, presidente del Congreso de la República, Marisol Pérez Tello, Claudia Coari, entre otros.
Los representantes del Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas estarán como panelistas.
Los abogados Marco Huaco y Raquel Yrigoyen serán los moderadores.
El ingreso es libre, previa inscripción.
La actividad es organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) y el despacho de la congresista Verónica Mendoza Frisch.
Enlaces
http://www.derechoysociedad.org/IIDS/Diplomatura/III-SEMINARIO-INTERNACIONAL-PI-2012-v4.pdf

“De manera muy particular le preocupa al Comité la falta de garantías en el sistema judicial en favor de los pueblos indígenas”, señaló.
La delegación mexicana asumió que si bien se han hecho muchos esfuerzos al formar a 444 intérpretes que cubren 80 variantes lingüísticas de 27 comunidades indígenas de México, aún queda un largo camino por recorrer para cubrir las 364 variantes lingüísticas del país.
Otro punto de inquietud, dijo, es “hasta dónde el impacto de la lucha contra el narcotráfico en México pueda ocultar la dimensión de la situación de racismo y la discriminación en el país”.
También “las vulneraciones de que son víctimas los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes que aún siguen siendo invisibles en la sociedad mexicana”.
Otro integrante del Comité, el guatemalteco José Francisco Cali Tzay, comentó que la discriminación se da ‘porque el Estado tiene conocimiento de compromisos internacionales, pero no está protegiendo a su población, especialmente indígenas y mujeres migrantes’.
Cali Tzay mencionó que el acceso a la justicia es ‘una cuestión muy delicada’ en el país y habló sobre la necesidad de la definición del concepto de ‘discriminación racial’ en el código penal.
Por otro lado, se cuestionó la paradoja de que por un lado la cultura oficial reivindica un pasado de México y se beneficia de ello a través del turismo, los pueblos originarios actualmente enfrentan la discriminación y el racismo.
Hoy el CERD concluye el estudio sobre el cumplimiento que hace México de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
En la víspera, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional para Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDO) indicaron que el informe de México abarcaría los avances de los últimos seis años en la lucha contra la discriminación.
ONU saluda postura autocrítica de México
Murilo Martínez, alabó hoy la postura “autocrítica” de México en su combate a todas las formas de racismo y discriminación.
“Creo que el intercambio ha sido muy positivo, y alabo especialmente el espíritu autocrítico de México, lo cual ha ayudado mucho en el diálogo con el Comité”, señaló.
Murilo Martínez resaltó “el salto cualitativo de México en la última década en su lucha contra la discriminación”, y alabó el esfuerzo presupuestario y legislativo emprendido por el Ejecutivo.
No obstante, recordó que aún queda mucho por avanzar, sobre todo en incluir a los indígenas como parte esencial de la sociedad.
Enlaces
http://servindi.org/actualidad/59422#more-59422

El Comité DESC, a través del documento presentado en diciembre del año pasado, expresa preocupación por “las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”.
Igualmente denuncia la violación de la Constitución (artículo 75) y del Convenio 169 de la OIT en Argentina, en cuanto a territorios indígenas.
Por otra parte, el Comité instó al Estado a aplicar plena y coordinadamente la Ley Nacional 26160 que suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral de territorios comunitarios. Al respecto, DESC expresó preocupación porque considera que la mencionada ley no se aplica plenamente en Argentina.
De igual modo, se mostró preocupado por las demoras que habría en la entrega de títulos a las comunidades.
Minería y soya
El informe del Comité manifestó su preocupación por las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, el acceso al agua, el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas que tendría la explotación de litio en Salinas Grandes -en las provincias de Jujuy y Salta-.
De igual forma, la organización de la ONU cuestionó la producción de soya, cultivo que ocupa el 56% de los campos en Argentina.
“El Comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades.”
Asimismo, señala que el incremento de la deforestación realizada para esta industria “ha forzado pueblos indígenas a dejar territorios”. En ese sentido, el Comité recomendó al Estado Argentino que asegure la completa puesta en práctica de la ley de bosques.
El documento considera además que la producción de soya representa un “importante obstáculo” en el acceso de los pueblos indígenas “a una alimentación segura, adecuada y accesible”, pues dificulta a las comunidades mantener sus prácticas agrícolas tradicionales.
Deficientes procesos de consulta
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lamentó las deficiencias que, afirma, existen en los proceso de consulta con las comunidades afectadas en desplazamientos o desalojo violentos de sus tierras tradicionales.
En algunos casos –señala el informe-, tales procesos de consulta “han dado lugar a la explotación de los recursos naturales en los territorios tradicionalmente ocupados o utilizados por esas comunidades, sin su consentimiento libre, previo e informado, y sin una indemnización justa y equitativa, en violación de la Constitución (art. 75) y del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.”
En ese sentido, el Comité instó al Estado Argentino a que tome medidas necesarias para poner fin a las violaciones a los derechos indígenas, y a que celebre consultas efectivas con las comunidades antes de otorgar concesiones a empresas estatales a terceros ”para la explotación económica de las tierras y territorios tradicionalmente ocupados o utilizados por ellas”.
Asimismo exhortó a que el Estado “cumpla con la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de quienes se vean afectados por esas actividades económicas.”
Preocupa represión a indígenas
Por otra parte, el informe del Comité señala la preocupación de sus autores por el empleo de represalias y fuerza desproporcionada que habrían realizado las fuerzas de seguridad, tanto públicas como particulares, contra “defensores de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en el contexto de discusiones sobre la tierra”.
En ese sentido, el Comité pide al Estado Argentino que “vele por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva todas las alegaciones de represalias y malos tratos y por que los responsables comparezcan ante la justicia”.
Enlaces
http://www.codpi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103:onu-emite-duro-informe-por-la-situacion-de-los-pueblos-indigenas-en-argentina&catid=1:observatorio&Itemid=55

Disposiciones relativas a la acreditación y la participación

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y su proceso Preparatorio.

 Las solicitudes deberán presentarse a la secretaría. Con apoyo del Servicio de Enlace con las Organizaciones No Gubernamentales y otras entidades competentes de las Naciones Unidas. El plazo vence el 20 de febrero de 2012.

Paara ver el PDF de la acreditación a Rio+20 pulsar aquí

Con ese fin se reunieron ministros y viceministros de la región en el XVIII Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe, que durará hasta mañana en Quito.
Aguiñaga destacó la importancia de tener un nuevo paradigma para el desarrollo “que considere la naturaleza como parte integral del mismo y considerar también las culturas ancestrales como fuente de conocimiento”.
Es indispensable “un desarrollo sostenible que inserte la variable ambiental en la economía”, dijo, al dar la bienvenida a sus colegas de la región que se unieron desde hoy a los debates que expertos comenzaron el pasado martes.
Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), indicó que el “reto y la oportunidad” que ofrece Río+20, cita que tendrá lugar en junio en Río de Janeiro, es determinar “cómo hacer crecer a la economía, sacar a la gente de la pobreza sin extender la huella ecológica del hombre”.
“Entendemos que el valor de la naturaleza debe ser reconocido por sus dimensiones espirituales y culturales, además de sus beneficios sociales. Todos apoyamos el objetivo del desarrollo en armonía con la naturaleza”, dijo al recordar también su valor económico.
Abogó por la existencia de instituciones fuertes para afrontar y corregir las fallas del mercado y destacó la oportunidad actual de diseñar un modelo nuevo que destaque el valor de la naturaleza, con la salvedad de que “no hay un modelo único para todas las tallas”.
Para la ministra ecuatoriana de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, la reunión en Quito permite un “debate profundo” para la construcción de una agenda propia “por la soberanía y la vida”.
Por su parte, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, destacó que la cita de ministros de hoy es la primera después de la instauración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y apuntó que la coordinación regional “es fundamental para afrontar un mundo globalizado”.
“Solamente unidos lograremos la inserción soberana de nuestros países en la economía y política mundial”, apuntó el canciller, para quien “nunca antes existió tanta riqueza al lado de tanto peligro, tanto riesgo, tanta miseria y tantas guerras”.
Consideró indispensable trabajar juntos “en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo en armonía con el medio ambiente” y pidió agilidad en los debates para lograr acciones concretas.
“Los latinoamericanos y caribeños no podemos seguir perdiendo el tiempo y tampoco limitarnos a determinados convencionalismos y a prudencias irresponsables por el tratamiento diplomático de las cosas. Tenemos que patear el tablero si hay que hacerlo, si no, lo que hemos hecho con el medio ambiente nos va a patear como ciudadanos del mundo”, dijo.
Exigió mayores compromisos de los países desarrollados en aspectos, por ejemplo, relacionados con la financiación para responder al cambio climático en la región.
El ministro de Ambiente de Perú, Manuel Pulgar, indicó que si se parte del hecho de que el actual modelo de desarrollo “ha entrado en un proceso severo de crisis” se debe evaluar a dónde se quiere ir en el futuro, algo en lo que la variable ambiental debe ser tema central.
Para el ministro de Ambiente de República Dominicana, Ernesto Reyna, aunque existen algunas divergencias sobre modelos de desarrollo en la región, hay la “esperanza” de ir a Río con un planteamiento común y “decirle al mundo que América Latina y El Caribe necesitan la sostenibilidad ambiental para seguir su desarrollo”.
Enlaces
http://www.efeamerica.com/146_sociedad/1453813_latinoamerica-busca-nuevo-paradigma-para-el-desarrollo-de-cara-a-rio-20.html