Para tal efecto la undécima sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas celebró una sesión especial de alto nivel como parte de sus actividades.
Sin embargo, a pesar de su importancia, el evento se deslució un poco al cambiarse a último momento la sesión que se iba a realizar en el auditorio principal de sesiones de las Naciones Unidas, en New York.
Más allá de ese inconveniente las delegaciones oficiales y delegaciones indígenas saludaron de manera unánime la aprobación e importancia de la Declaración, considerada uno de los más importantes instrumentos internacionales de derechos humanos.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente de la Asamblea General, el catarí Abdulaziz al Naser, expresaron su saludo a través de un video.
James Anaya, relator ONU sobre pueblos indígenas, sostuvo que los Estados deben individual o colectivamente renovar su compromiso con el estandar de la Declaración.
Para ello deben reconocer su carácter solemne e imperativo como derechos humanos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y en diversos tratados de derechos humanos.
“No debe haber espacio para el equívoco sobre la necesidad de adherirse a la Declaración sobre la base de afirmaciones legalistas acerca de su carácter no vinculante. La buena fe exige un esfuerzo decidido de adherirse al claro significado de los términos imperativos de la Declaración” expresó Anaya.

El embajador Luis Enrique Chávez, de Perú, y ex presidente – relator del Grupo de Trabajo sobre la Declaración, recordó algunos de los pasajes más importantes del proceso.
Chávez es reconocido por haber propuesto una versión modificada que contribuyó -no sin dificultades- a lograr un consenso que se expresó finalmente en la aprobación final de la Declaración.
La delegación oficial de Ecuador y algunas delegaciones indígenas lamentaron que la sesión no se haya podido realizar en el auditorio principal de las Naciones Unidas y atribuyeron los supuestos problemas logísticos a la supervivencia de un sesgo discriminatorio.
El embajador mexicano Luis Alfonso de Alba también expresó su extrañeza por que no se haya utilizado el auditorio principal como lo ameritaba esta sesión de alto nivel y señaló que espera las explicaciones debidas de los responsables.
La Declaración se constituye en el eje de una nueva relación de derechos humanos y para el sistema de las Naciones Unidas constituye un eje transversal, destacó.
Más que celebrar lo alcanzado hasta la fecha la ocasión es un llamado a redoblar nuestros esfuerzos a favor de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo, concluyó De Alba.
Proceso de la Declaración
La aprobación de la Declaración no ha sido nada fácil. Durante 23 años indígenas de todo el mundo han librado una dura y larga batalla hasta conseguir su aprobación final.
La elaboración del proyecto de Declaración inició a principios de la década de 1980 en el marco del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.
El primer proyecto quedó listo en 1993 y, a partir de 1995, comenzó a ser revisado en el seno de un grupo de trabajo constituido con ese fin: el Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
De conformidad con uno de los objetivos del Primer Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, el Grupo de Trabajo debía haber finalizado su tarea en 2004.
Sin embargo, las complejas discusiones sobre los diferentes artículos del proyecto, especialmente en relación con cuestiones como la libre determinación o los derechos sobre los territorios y los recursos, impidieron el cumplimiento de esa meta.
En la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de 2005, las presiones de las organizaciones indígenas y el apoyo de gobiernos amigos consiguieron que este organismo pida a todas las partes implicadas realizar sus mayores esfuerzos para terminar con éxito el mandato del Grupo de Trabajo y presentar un borrador final.
Durante la undécima sesión del Grupo de Trabajo, celebrada en febrero de 2006, se decidió que el borrador elaborado por el presidente-relator del Grupo, el peruano Luis Enrique Chávez, en busca de un amplio consenso entre todas las partes, fuera presentado a la Comisión de Derechos Humanos para su consideración.
La primera sesión del Consejo de Derechos Humanos, en el mes de junio, aprobó finalmente la resolución presentada por Perú y co-patrocinada por un amplio grupo de países , en la que se proponía la adopción del texto propuesto, pese a la abierta oposición de algunos otros como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Canadá.
La aprobación definitiva del texto de la Declaración dependía, a partir de ahí, de la decisión que se tomara durante la celebración de la 61ª sesión de la Asamblea General.
En principio parecía bastante probable que la Asamblea asumiese la que ya se había tomado en el Consejo de Derechos Humanos, pero una enmienda presentada por Namibia al texto de la resolución a la que habíamos aludido cambió drásticamente el rumbo de los acontecimientos.
Por 85 votos a favor y 89 abstenciones, la Asamblea decidió aplazar la consideración de la Declaración con el propósito de ampliar el plazo para llevar a cabo consultas, frente a la decepción generalizada de los representantes indígenas y las organizaciones que apoyan las causas que defienden.
Finalmente, la citada Declaración fue aprobada el 13 de septiembre de 2007 por 143 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) y once abstenciones.
Significado de la Declaración
La Declaración constituyó un hito histórico para el movimiento indígena, que durante años vio cómo sus intentos por lograr que se respetaran sus derechos se deshacían en los pasillos del organismo internacional.
Los pueblos indígenas del mundo representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo pero a pesar de esto viven una situación vulnerable, de injusticia, empobrecimiento y despojo de sus territorios y recursos.
El documento de 46 artículos establece los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo, que incluyen la propiedad de sus tierras, acceso a los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales y la libre determinación.
La Declaración es un instrumento jurídico de derecho internacional que reafirma que los indígenas, a nivel individual y colectivo, gozan de todos los derechos reconocidos a escala mundial.
Además, como pueblos discriminados y despojados de sus derechos ancestrales durante largo tiempo, requieren atención particular de los Estados y de la comunidad internacional para superar su situación.
La Declaración reconoce el derecho a la libre determinación, entendida como el derecho de los pueblos indígenas a “determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural”.
La Declaración reconoce que los “pueblos indígenas tienen el derecho a tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
La Declaración va más allá de la consulta y señala que los Estados deben celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Enlaces
http://servindi.org/actualidad/64635#more-64635

“Muchos de los más de cien pueblos indígenas reconocidos en Colombia somos víctimas de genocidio, a causa del ataque de los grupos paramilitares que se disputan territorios, el contrabando de gasolina de Venezuela y el narcotráfico” aseguró Ortiz.
La Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio de la ONU (1948) incluye los actos “perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”, y “la matanza de miembros del grupo”, destacó la activista.
“Venimos a pedir que intervengan los mecanismos de la ONU para frenar las graves y continuas violaciones de los derechos humanos, con un conflicto interno que aumenta la violencia, en la que participan militares de Estados Unidos que vuelven de sus operaciones en Irak y Afganistán”, agregó el abogado Alirio Uribe Muñoz, que acompaña a Ortiz como miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Los activistas mencionan que en el territorio del pueblo wayúu se están emprendiendo ocho megaproyectos mineros y energéticos autorizados por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, explotados por multinacionales de Suiza e Inglaterra, entre ellos la mina a cielo abierto de El Cerrejón,.
En el texto del recurso presentado, se enumeran masacres, asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados, sufridos por los wayúu.
Los indígenas reclaman el respeto de la Declaración Universal de los derechos de los Pueblos Indígenas, que garantiza “la consulta y el consentimiento previo, libre e informado respecto a actividades que puedan afectar sus derechos, tierras y recursos naturales”.
Los dirigentes afirman que esa Declaración ha sido ignorada por el gobierno Santos, al que asimismo acusan de no mejorar la situación del país.
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http://www.prensaindigena.org.mx/?q=content/colombia-colectivo-jos%C3%A9-alvear-denunci%C3%B3-en-onu-genocidio-ind%C3%ADgena

Por ejemplo, sostuvo que las once autonomías en proceso de conversión Autonómica Indígena Originaria confrontan grandes dificultades de carácter normativo y financiero.
Asimismo, los diputados indígenas que representan a circunscripciones especiales son elegidos bajo criterios de democracia representativa. Aún las naciones originarias y pueblos indígenas no puedan elegir a sus representantes ante el Legislativo “por normas y procedimientos propios”.
De otra parte, la elección de autoridades del órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional “ha seguido la misma lógica monocultural”.
Precisó que los candidatos autoidentificados como “indígena originario campesinos” han sido preseleccionados y elegidos con criterios de democracia representativa, ignorando las normas y prácticas de democracia comunitaria.
El representante de CONAMAQ destacó la vulneración de derechos que pretende realizar el Ejecutivo al organizar una consulta posterior de mala fe sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS).
Al respecto, pidió que el Foro Permanente inste al gobierno de Bolivia a respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, mediante normas y procedimientos apropiados, según lo establece la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Finalmente, el CONAMAQ advirtió que esta “forma de hacer consulta inconstitucional tiene y tendrá consecuencias muy graves” y atizará diversos conflictos existentes en el país.
Recordó que el CONAMAQ propuso en julio de 2011 una Ley Marco de Consulta Previa ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la misma no ha sido tomada en cuenta hasta el día de hoy.
Texto completo de la intervención del representante de CONAMAQ:
Muchas gracias por permitirme dirigirme ante Foro Permanente de las Naciones Unidas, del cual estoy enormemente honrado.
En mi condición de ciudadano boliviano, en representación del Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ) que representa a las regiones andinas y valles conformado por más de 16 regiones quechuas, aymaras y urus.
Estamos en este Undécimo Foro Permanente de las Naciones Unidas junto a las autoridades originarias del CONAMAQ, Félix Lira Condori y Gregorio Vicente Laime, para ser parte del debate y sus efectos de la doctrina del descubrimiento que es sinónimo de la doctrina de la dominación y violación de derechos de pueblos indígenas en Bolivia.
En Bolivia se ha producido un distanciamiento entre el diseño constitucional y su implementación normativa e institucional que no cumple ni garantiza el principio de no discriminación y el pleno ejercicio de los derechos que consagra la Carta Universal de Derechos configurada, entre otros, por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales, que conforman el Bloque de Constitucionalidad. A estas alturas no se puede tapar el sol con un dedo sobre estas vulneraciones de derechos colectivos, considero que vale ser más sinceros para sensibilizar al gobierno boliviano para el bien de todos los bolivianos sobre el respeto a la CPE.
Queremos manifestar ante la Organización de las Naciones Unidas, que en Bolivia hay una obstaculización para el ejercicio de nuestros derechos a la autonomía y al autogobierno que impide que nuestras instituciones sean parte de la estructura general del Estado:
1. Las once autonomías en proceso de conversión Autonómica Indígena Originaria deben confrontar grandes dificultades de carácter normativo y financiero.
2. Los diputados indígenas que representan a circunscripciones especiales indígenas, han sido elegidos bajo criterios de democracia representativa. Se ha impedido que las naciones originarias y pueblos indígenas puedan elegir a sus representantes ante el Legislativo por normas y procedimientos propios.
3. La elección de altas autoridades del órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, ha seguido la misma lógica monocultural. El conjunto de candidatos autoidentificados como indígena originario campesinos, ha sido sometido a un proceso de preselección, selección y elección bajo criterios de democracia representativa. Se han ignorado las normas y prácticas de democracia comunitaria con las que deberían constituirse esas representaciones.
4. La vulneración de derechos más reciente se produce con la Consulta Posterior y de mala fe que pretende realizar el órgano Ejecutivo, con la complicidad del Órgano Electoral Plurinacional en el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure). La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas en la presente gestión 2012 “insta al Gobierno a garantizar el respeto del derecho a la consulta de los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, mediante normas y procedimientos apropiados, según lo establecido por la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y adoptar una legislación correspondiente”, la cual incumplida por el Gobierno de Bolivia, porque quieren aplicar una consulta posterior, de mala fe y sin consentimiento libre como establece la ley inconstitucional No. 222 de supuesta consulta en Bolivia.
Esta forma de hacer consulta inconstitucional tiene y tendrá consecuencias muy graves para los PINOs, tales como los recientes enfrentamientos por falta de consulta previa, con las concesiones a empresas transnacionales Mineras, como La comunidad de Mallku Qota en el Norte de Potosí que hoy exige al gobierno la aplicación de la ley de consulta Marco pervio y vinculante, de la misma manera las comunidades de Corocoro en la provincia Pacajes en el departamento de La Paz, la contaminación minera en las comunidades de Vitichi en el Sur de departamento de Potosi, que recientemente protagonizaron una marcha sin lograr la consulta previa. Por todo esto quiero manifestar ante esta instancia internacional que para evitar estas conflictividades, el CONAMAQ en julio de 2011 propuso una Ley Marco de Consulta Previa ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la misma no ha sido tomada en cuenta hasta el día de hoy, sin tratamiento alguno.
5. No podemos dejar de lado en referirme a la Ley Nº 073 de Deslinde Jurisdiccional que obstaculiza nuestros derechos al autogobierno, desconoce nuestra cultura y nuestras instituciones.
Para finalizar quiero señalar, que el Gobierno Boliviano desde la gestión 2009, viene recortándonos a los PINos más del 50% de los Recursos económicos de los Impuestos Directos a los hidrocarburos (IDH) hasta la presente gestión, cuyos suma ascienden en estos cuatro años, aproximadamente a mas de 720 millones de bolivianos, es decir más de 103 millones de dólares, que tanta falta nos hace para apoyar a nuestra comunidades en apoyar en sus proyectos productivos y sociales.
Termino con esto, el Gobierno Nacional de Bolivia hoy se encuentra en una acción de debilitamiento, fractura y cooptación de liderazgos al interior de las organizaciones indígenas y originarias. En función de sus intereses coyunturales, ha quebrado el Pacto de Unidad y utiliza a los sectores más violentos de sus organizaciones sociales aliadas como grupos de choque, que se mueven en complicidad y al amparo de las fuerzas gubernamentales y policiales. La represión policial de Chaparina del 25 de septiembre del pasado año ha sido forzada por la presión política del ala más radical del partido en función de gobierno: los colonizadores – Cocaleros.
Nuestra movilización en la Novena Marcha que inicio la semana pasada está motivada en la defensa de la madre tierra, el respeto de nuestros derechos y de nuestros territorios, en el marco de nuestros derechos constitucionales y al amparo de los instrumentos internacionales, como respuesta a la vulneración de nuestros derechos por el Gobierno Nacional.
Pedimos a la Organización de las Naciones Unidas. Señor presidente, a que esta instancia, que se tengan presentes todos los hechos referidos por nuestra parte y que se activen todos los mecanismos de prevención, protección y sanción en el marco de los instrumentos y normas vigentes, para que el Estado Plurinacional de Bolivia cese toda acción de hostilidad y restricción contra los pueblos indígenas originarias y que en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos, de nuestra constitución política del estado y de las obligaciones contraídas por el Estado boliviano, respete nuestros derechos actualmente vulnerados y otorgue todas las garantías para su efectiva realización.
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http://servindi.org/actualidad/64453#more-64453

Vásquez demandó a los Estados respetar el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que protege dicho derecho.
En ella se señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información, en sus propios idiomas y a acceder a todos los medios de información no indígenas sin discriminación”, explicó.
Pese a ello “las leyes normativas de muchos países aún no reconocen plenamente lo que establece el artículo 16, por lo que se limita el derecho de los pueblos”, precisó.
El representante de México en el Foro Permanente pidió que este espacio respalde la resolución de la Primera Cumbre Continental de Comunicación Indígena de Abya Yala realizada en el Cauca, Colombia, en el 2010, que resolvió considerar el año 2012 como el Año internacional de la Comunicación Indígena.
Solicitó asimismo que el Foro Permanente recomiende a los Estados garantizar el derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas, la seguridad para periodistas indígenas y se frene la agresión de que son objeto los comunicadores indígenas.
Finalmente, demandó que el Foro Permanente recomiende a la instancia de comunicación de las Naciones Unidas apoyar la Segunda Cumbre Continental de la Comunicación Indígena de Abya Yala programada para el 2013 en Oaxaca, México, y que el propio Foro Permanente participe en esta cumbre junto con el Relator James Anaya.
Lea la intervención completa de Saúl Vicente
Muchas gracias Sra. Presidenta:
Quiero aprovechar la oportunidad para reconocer la presencia del presidente del Mecanismo de Expertos, del representante del Fondo Voluntario y del Relator Especial y agradecer la oportunidad para dialogar de manera conjunta.
Sra. Presidenta:
En ocasión de abordar el tema 4 de Derechos humanos y en el marco del quinto aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quiero unir mi voz a todos aquéllos que realizan los esfuerzos para la efectiva aplicación de la Declaración en los niveles nacionales. Así mismo reconocer los trabajos de las diferentes agencias de las Naciones Unidas por sus esfuerzos para impulsar la aplicación de la Declaración.
Sin embargo, la aplicación de la Declaración requiere de mayores esfuerzos en su difusión, de tal manera que los Pueblos tengan el pleno conocimiento de los Derechos contenidos en la misma, pues derechos que no se conocen, son derechos que no existen.
Un sector de los Pueblos Indígenas, viene realizando ese esfuerzo, esto son los Comunicadores indígenas del Abya Yala, América Latina.
Infortunadamente, los comunicadores indígenas, han visto violados sus derechos, han sido perseguidos últimamente, primero para acallar sus radios comunitarias, ahora los comunicadores sufren persecución y muerte cuando desempeñan sus funciones.
Tan sólo en el año 2012: 21 comunicadores indígenas han sido asesinados y uno desaparecido. 8 en México; 6 en Brasil; 3 en Honduras; 1 en Colombia y 1 desaparecido; 1 en Argentina; 1 en Bolivia.
La libertad de expresión es violada, particularmente la voz indígena que sustenta su comunicación en la vida, cosmovisión, identidad, valores, cultura, lenguas originarias y aspiraciones de los Pueblos Indígenas.
El artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas expresa que los Pueblos tienen derecho a establecer sus propios medios de información, en sus propios idiomas y a acceder a todos los medios de información no indígenas sin discriminación. Sin embargo las leyes normativas de muchos países aún no reconocen plenamente lo que establece el artículo 16, por lo que se limita el derecho de los Pueblos.
En tal sentido, quizás el Foro Permanente quisiera respaldar la resolución de la Primera Cumbre Continental de Comunicación Indígena de Abya Yala de 2010, en la que resolvieron considerar el año 2012 como el año internacional de comunicación indígena.
Que el Foro Permanente considere recomendar a los Estados garantizar el derecho a la comunicación e información de los Pueblos Indígenas, la seguridad para periodistas indígenas y se llame a frenar la agresión de que son objeto las y los comunicadores indígenas.
Que el Foro Permanente considere recomendar a la instancia de comunicación de las UN se apoye la realización de la Segunda Cumbre Continental de la Comunicación Indígena de Abya Yala a realizarse en Oaxaca, México en el año 2013.
Finalmente Sra. Presidenta: Quizás el Foro Permanente considere participar en esta Cumbre. Así mismo, invito al Relator Especial considere la posibilidad de participar en esta Segunda Cubre Continental de Comunicadores Indígenas.
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http://servindi.org/actualidad/64536#more-64536

Más allá de ese inconveniente las delegaciones oficiales y delegaciones indígenas saludaron de manera unánime la aprobación e importancia de la Declaración, considerada uno de los más importantes instrumentos internacionales de derechos humanos.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente de la Asamblea General, el catarí Abdulaziz al Naser, expresaron su saludo a través de un video.
James Anaya, relator ONU sobre pueblos indígenas, sostuvo que los Estados deben individual o colectivamente renovar su compromiso con el estandar de la Declaración.
Para ello deben reconocer su carácter solemne e imperativo como derechos humanos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y en diversos tratados de derechos humanos.
“No debe haber espacio para el equívoco sobre la necesidad de adherirse a la Declaración sobre la base de afirmaciones legalistas acerca de su carácter no vinculante. La buena fe exige un esfuerzo decidido de adherirse al claro significado de los términos imperativos de la Declaración” expresó Anaya.

El embajador Luis Enrique Chávez, de Perú, y ex presidente – relator del Grupo de Trabajo sobre la Declaración, recordó algunos de los pasajes más importantes del proceso.
Chávez es reconocido por haber propuesto una versión modificada que contribuyó -no sin dificultades- a lograr un consenso que se expresó finalmente en la aprobación final de la Declaración.
La delegación oficial de Ecuador y algunas delegaciones indígenas lamentaron que la sesión no se haya podido realizar en el auditorio principal de las Naciones Unidas y atribuyeron los supuestos problemas logísticos a la supervivencia de un sesgo discriminatorio.
El embajador mexicano Luis Alfonso de Alba también expresó su extrañeza por que no se haya utilizado el auditorio principal como lo ameritaba esta sesión de alto nivel y señaló que espera las explicaciones debidas de los responsables.
La Declaración se constituye en el eje de una nueva relación de derechos humanos y para el sistema de las Naciones Unidas constituye un eje transversal, destacó.
Más que celebrar lo alcanzado hasta la fecha la ocasión es un llamado a redoblar nuestros esfuerzos a favor de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo, concluyó De Alba.
Proceso de la Declaración
La aprobación de la Declaración no ha sido nada fácil. Durante 23 años indígenas de todo el mundo han librado una dura y larga batalla hasta conseguir su aprobación final.
La elaboración del proyecto de Declaración inició a principios de la década de 1980 en el marco del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.
El primer proyecto quedó listo en 1993 y, a partir de 1995, comenzó a ser revisado en el seno de un grupo de trabajo constituido con ese fin: el Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
De conformidad con uno de los objetivos del Primer Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, el Grupo de Trabajo debía haber finalizado su tarea en 2004.
Sin embargo, las complejas discusiones sobre los diferentes artículos del proyecto, especialmente en relación con cuestiones como la libre determinación o los derechos sobre los territorios y los recursos, impidieron el cumplimiento de esa meta.
En la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de 2005, las presiones de las organizaciones indígenas y el apoyo de gobiernos amigos consiguieron que este organismo pida a todas las partes implicadas realizar sus mayores esfuerzos para terminar con éxito el mandato del Grupo de Trabajo y presentar un borrador final.
Durante la undécima sesión del Grupo de Trabajo, celebrada en febrero de 2006, se decidió que el borrador elaborado por el presidente-relator del Grupo, el peruano Luis Enrique Chávez, en busca de un amplio consenso entre todas las partes, fuera presentado a la Comisión de Derechos Humanos para su consideración.
La primera sesión del Consejo de Derechos Humanos, en el mes de junio, aprobó finalmente la resolución presentada por Perú y co-patrocinada por un amplio grupo de países , en la que se proponía la adopción del texto propuesto, pese a la abierta oposición de algunos otros como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Canadá.
La aprobación definitiva del texto de la Declaración dependía, a partir de ahí, de la decisión que se tomara durante la celebración de la 61ª sesión de la Asamblea General.
En principio parecía bastante probable que la Asamblea asumiese la que ya se había tomado en el Consejo de Derechos Humanos, pero una enmienda presentada por Namibia al texto de la resolución a la que habíamos aludido cambió drásticamente el rumbo de los acontecimientos.
Por 85 votos a favor y 89 abstenciones, la Asamblea decidió aplazar la consideración de la Declaración con el propósito de ampliar el plazo para llevar a cabo consultas, frente a la decepción generalizada de los representantes indígenas y las organizaciones que apoyan las causas que defienden.
Finalmente, la citada Declaración fue aprobada el 13 de septiembre de 2007 por 143 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) y once abstenciones.
Significado de la Declaración
La Declaración constituyó un hito histórico para el movimiento indígena, que durante años vio cómo sus intentos por lograr que se respetaran sus derechos se deshacían en los pasillos del organismo internacional.
Los pueblos indígenas del mundo representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo pero a pesar de esto viven una situación vulnerable, de injusticia, empobrecimiento y despojo de sus territorios y recursos.
El documento de 46 artículos establece los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo, que incluyen la propiedad de sus tierras, acceso a los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales y la libre determinación.
La Declaración es un instrumento jurídico de derecho internacional que reafirma que los indígenas, a nivel individual y colectivo, gozan de todos los derechos reconocidos a escala mundial.
Además, como pueblos discriminados y despojados de sus derechos ancestrales durante largo tiempo, requieren atención particular de los Estados y de la comunidad internacional para superar su situación.
La Declaración reconoce el derecho a la libre determinación, entendida como el derecho de los pueblos indígenas a “determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural”.
La Declaración reconoce que los “pueblos indígenas tienen el derecho a tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
La Declaración va más allá de la consulta y señala que los Estados deben celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado.
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ONU distribuye el primer documento oficial sobre Rio +20

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En el presente estudio se examina la relación entre las empresas y los pueblos indígenas, los efectos de las actividades de aquellas sobre estos y el deber del Estado de proteger a los pueblos indígenas de las posibles explotaciones de las empresas. La magnitud y el alcance de la exploración y explotación de los recursos de las tierras y territorios de los pueblos indígenas afectan a estos y a sus comunidades. Para ver el PDF completo del documento pulsar aqui 

El número de empresas transnacionales que participan en la explotación de recursos está aumentando y dichas empresas deben empezar a aplicar normas de responsabilidad social en el marco de sus proyectos. Al mismo tiempo, los gobiernos también deben utilizar normas internacionales para garantizar los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional.
En prácticamente todos los Estados del mundo se ejecutan proyectos industriales a gran escala que incluyen la exploración de recursos naturales y que son perjudiciales para el desarrollo económico. Estos proyectos afectan, inevitablemente, a los pueblos indígenas al reducir sus sistemas tradicionales de administración, sus lugares sagrados y sus territorios de pastoreo, caza y pesca y,
por tanto, afectan negativamente a su vida económica, cultural y espiritual y amenazan su propia existencia. El bienestar y el futuro de los pueblos indígenas dependen directamente de las políticas y prácticas de los Estados y las instituciones internacionales. También dependen del ejercicio de derechos políticos y económicos, del desarrollo de su potencial humano, del fortalecimiento de las economías tradicionales, de la protección del medio ambiente y de la reglamentación jurídica de las relaciones con las empresas.